El impacto del COVID-19 será más grave en Latinoamérica que en cualquier otro lugar del mundo. Para mitigar el daño y mejorar las perspectivas a largo plazo, la región debe apuntar a una recuperación verde basada en un crecimiento respetuoso con el medio ambiente y una expansión de las energías renovables, escribe Amir Lebdioui (LSE Latin America and Caribbean Centre).

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Se espera que la coyuntura del coronavirus y el colapso de los precios del petróleo ocasione una contracción promedio de 7.2% en 2020 en las economías latinoamericanas. Recuperarse de este impacto masivo no será una tarea fácil. Sin embargo, se va extendiendo la conciencia de que volver al status quo no será suficiente, y se está generando un ímpetu hacia la idea de “reconstruir mejor”.

Hasta la fecha, gran parte del debate en torno a la idea de una recuperación verde (y anteriormente un Green New Deal) ha tenido lugar en un puñado de economías avanzadas, con excepciones menores como el “Pacto Ecosocial del Sur”, que emergió en el contexto latinoamericano. La ironía es que Latinoamérica tiene una gran necesidad y un potencial significativo para una recuperación verde, y no solo porque su rico legado de pensamiento sobre el desarrollo ha podido incorporar perspectivas indígenas que promueven el desarrollo en armonía con la naturaleza (especialmente en Bolivia y Ecuador).

¿Por qué la recuperación post-COVID tiene que ser verde?

Una ventaja crucial de los programas de recuperación verde es que ofrecen la oportunidad de tratar de manera simultánea varios objetivos socioeconómicos: desarrollo económico, creación de empleo, descarbonización y el tipo de mejora en salud pública que también aumenta la resiliencia ante las pandemias. En esencia, los paquetes de estímulo verde tienen como meta enfrentar la llamada “triple crisis” de problemas económicos, sociales y ecológicos interrelacionados mediante la creación de una economía dinámica y resiliente al clima, con beneficios ampliamente compartidos para todos.

Este tipo de programas se deben priorizar por tres razones principales:

1. Protección ambiental
   Aunque la pandemia derivó indirectamente en resultados ambientales positivos a corto plazo, varias organizaciones internacionales y expertos han advertido que esto no es un resquicio de esperanza. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se debió principalmente a confinamientos temporales y es probable que la producción industrial y el consumo de combustibles fósiles vuelvan a los niveles que veíamos antes de la pandemia, tal como sucedió después de la crisis financiera de 2008. Es más, la reducción de los precios del petróleo provocada por la caída de la demanda podría incluso fomentar el consumo de combustibles fósiles a expensas de las energías renovables. El uso del automóvil también se ha visto favorecido por encima del transporte público, porque los ciudadanos buscan reducir el riesgo de contagio. Es necesaria una acción urgente si se busca disminuir las emisiones de forma sostenible a largo plazo.
2. Salud pública
   El COVID-19 ha tenido un impacto en el medio ambiente, pero el medio ambiente tiene así mismo un impacto en las pandemias. Las transiciones energéticas también son un asunto de salud pública porque pueden generar beneficios para la salud a largo plazo y reforzar la resiliencia ante las pandemias. El aire más limpio asociado a una energía más limpia puede ayudar a reducir las muertes por COVID-19. La degradación ambiental y el cambio climático también contribuyen a la transmisión de enfermedades de animales a humanos. Por lo tanto, desarrollar una resiliencia de largo plazo ante las pandemias requerirá regulaciones ambientales más estrictas.
3. Privilegiar la recuperación por encima del rescate
   Como enfatizó Lord Stern del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics, un rescate sin recuperación no tiene futuro. Volver al financiamiento de industrias “sucias” ya en declive fácilmente podría crear activos varados. En estos casos una caída repentina en la demanda puede socavar tanto la rentabilidad de la inversión como las habilidades de los trabajadores en estos sectores. Para garantizar empleos decentes y seguridad laboral, los gobiernos deben invertir ahora en el trabajo y las habilidades del futuro, ya que tanto la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), como la Agencia Internacional de Energía han demostrado el tremendo potencial de la creación de empleo en energías renovables (véase abajo).

El argumento comercial para una recuperación verde en Latinoamérica también es sólido. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que los fondos de pensiones y los fondos soberanos de inversión de Chile hubieran obtenido rendimientos aún mayores mediante la inversión verde. La idea de que siempre existe un compromiso entre sostenibilidad y rentabilidad financiera es una falacia.

En el contexto posterior al COVID-19, los paquetes de estímulo brindan la oportunidad de aprovechar los beneficios socioeconómicos asociados a la transición energética, pero depender únicamente de las fuerzas del mercado no será suficiente. Los paquetes de recuperación deben basarse en políticas industriales prospectivas. Los Estados tienen un papel clave en la promoción de la transformación de las estructuras productivas hacia industrias verdes. Esto es especialmente cierto en los países en vías de desarrollo que carecen de capacidades preexistentes en estas áreas. Durante mucho tiempo un exceso de confianza en las fuerzas del mercado ha minado el bienestar, impedido la lucha contra la pobreza y favorecido los trabajos de consumo sobre los trabajos de producción en estos países.

Un informe reciente de IRENA (en el que contribuí) presenta varias políticas industriales que pueden mejorar las capacidades industriales locales en los sectores de energía renovable. Éstas incluyen programas de desarrollo de proveedores, incentivos fiscales, mecanismos de control de precios, apoyo a la investigación y el desarrollo (I+D, en particular por medio de capital paciente a largo plazo) y mejores programas de educación y formación.

Cambio climático y desarrollo latinoamericano

Estos temas son cruciales para el futuro de Latinoamérica porque el comercio de la región está intrínsecamente vinculado al cambio climático. Varios países latinoamericanos dependen de los combustibles fósiles, que corren el riesgo de convertirse en activos varados a medida que el mundo descarboniza sus sistemas económicos. Además de las industrias extractivas, la región también depende de los productos agrícolas básicos, cuya productividad es particularmente vulnerable a las fluctuaciones de temperatura y precipitación. Para mencionar sólo algunos ejemplos obvios, el cambio climático representa un grave riesgo para la salmonicultura en Chile, el cultivo de café en Colombia y la cosecha de cacao en Ecuador.

Además de la vulnerabilidad productiva directa de la región ante el cambio climático, las empresas latinoamericanas tendrán que adaptarse conforme la demanda de los consumidores se desplace hacia productos más sostenibles en mercados clave. La popularidad creciente de las propuestas del Green New Deal en los Estados Unidos y la Unión Europea inevitablemente traerá cambios regulatorios que remodelarán los patrones de consumo. Los países en vías de desarrollo deben anticipar estas regulaciones comerciales y estándares “verdes” de sostenibilidad para cambiar sus capacidades productivas hacia la exportación de bienes y servicios verdes que gozarán de acceso a largo plazo a los mercados de consumo más grandes.

La respuesta latinoamericana hasta el momento

Si bien Costa Rica ha lanzado una “estrategia nacional de bioeconomía” que busca encarar el desafío del COVID-19 por medio de la promoción de una economía verde del conocimiento, la mayoría de las respuestas a la crisis en la región se han enfocado en otras direcciones y han optado por la austeridad fiscal y el aumento de la degradación ambiental.

En Brasil, la reciente intensificación de los esfuerzos por desmantelar las protecciones ambientales se produjo junto con una reducción de la aplicación de la ley ambiental durante el brote del coronavirus. En Ecuador, el gobierno ha anunciado que recortará el presupuesto para educación en respuesta a la pandemia. A largo plazo, esto tendrá un impacto negativo en la acumulación de capital humano calificado de Ecuador y, por lo tanto, en su capacidad para transitar hacia actividades de mayor valor agregado.

Estas respuestas son simplemente insostenibles a largo plazo. La habilidad de un país para escapar de la trampa de los ingresos medios depende en gran medida de su aptitud para desarrollar capacidades innovadoras y productivas, lo que requiere capital humano calificado y apoyo en I+D. El gasto medio en I+D de la región (como porcentaje del producto interno bruto) ya se encuentra entre los más bajos del mundo, muy por debajo del promedio mundial (véase abajo). Si pretenden estimular el crecimiento a largo plazo, los países latinoamericanos necesitan más inversión en capital humano e I+D, no menos.

Esto también aplica a la I+D verde. En 2014, sólo cuatro países representaron tres cuartos de las patentes de energía renovable presentadas en todo el mundo: China, Estados Unidos, Japón y Alemania. El nivel bajo de I+D en tecnologías verdes en las regiones en vías de desarrollo (incluida Latinoamérica) tendrá implicaciones importantes en la capacidad de las empresas nacionales para aprovechar al máximo la ventana de oportunidad tecnológica que brindan las transiciones energéticas.

¿Un estímulo verde es riesgoso o poco realista?

Los críticos pueden argumentar que las industrias verdes se encuentran más allá de la frontera de eficiencia de las empresas latinoamericanas o que las intervenciones de política pública pueden ser demasiado costosas. También es probable que este tipo de programas ambiciosos enfrente la oposición de los grupos de presión de los combustibles fósiles y sus aliados nacionales, lo que significa que los gobiernos que favorecen las transiciones verdes deberán establecer alianzas amplias y coaliciones entre el Estado y las empresas. Como ocurre con cualquier política industrial, existen riesgos y desafíos reales.

Sin embargo, no debemos olvidar que la alternativa a un programa de recuperación verde es mucho más riesgosa y costosa en términos tanto económicos como humanos. El COVID-19 representa una crisis devastadora para Latinoamérica y el resto del mundo, pero recuperarse de ella también brinda la oportunidad de tomar medidas audaces, drásticas y necesarias hacia modelos de desarrollo más verdes.

El Canning House Forum es una nueva asociación entre el Centro de Latinoamérica y el Caribe de la London School of Economics y la Canning House, que tiene como objetivo promover la investigación y el compromiso político en torno al tema general de “El futuro de Latinoamérica y el Caribe”.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
• Traducción de Amanda Sucar Warrener
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